HAZTE FUNCIONARIO

H
an sido señalados como uno de los sectores protagonistas de los recortes sociales provocados por esta crisis. También lo han sido, muchas veces a modo de chanza (aunque también han sido foco de las iras ciudadanas en muchos casos por su presunta ineficacia y pasividad), por el hecho de “trabajar poco y cobrar mucho”. Ni una cosa ni la otra. Pero lo cierto es que el colectivo de funcionarios en España está participando en un juego en el que de momento ha perdido algunas partidas.

Mucho se ha hablado últimamente de recortar la administración, de desprenderse de cargos o de organismos que pueden parecer superfluos en época de vacas flacas. Una de las bazas en las que confiaba Zapatero era la de poder reducir el gasto del ejército de empleados públicos de España, uno de los más poblados de la Unión Europea.

Según la comparación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con base 2008, en España hay 2,5 millones de personas trabajando para el sector público (el cálculo no tiene en cuenta a los empleados de empresas públicas, así que hagan ustedes cuentas), lo que le convierte en el quinto socio con más funcionarios. Esta cifra sólo es superada por Francia (5,2 millones), Alemania (4,5), Polonia (3,5) e Italia (3,4), socios que, excepto en el singular caso polaco, tienen una población entre un 20 y un 40 por ciento superior a la nacional.

Muestra de que la plantilla de trabajadores públicos excede los cánones de la proporcionalidad que impera en la UE es la relación entre ciudadanos corrientes sobre empleados públicos. En el caso germano, por ejemplo, hay 18,2 habitantes por cada funcionario, cifra prácticamente igual a la española, que tiene 18. ¿Es que nos hemos excedido en el número de funcionarios? Parece que los recortes en oposiciones en los dos últimos años, da la razón a este argumento.

Sin embargo, a pesar de que salen menos plazas en las oposiciones, el furor por conseguir un puesto de funcionario causa estragos: aunque de forma tímida hay hoy más efectivos públicos que hace tres años, algo incoherente si se tiene en cuenta el recortazo del Gobierno para ahorrar 7.200 millones. Algo falla en el sistema, ¿no creen?

Foto: El Pueblo.