DEPENDENCIA SÍ; DEPENDIENTES NO

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o se puede negar el titánico esfuerzo que hace la Junta de Comunidades por cumplir con el tan manoseado Estado del Bienestar. Lo dicen las estadísticas, pero también el sentir general de los ciudadanos. Castilla-La Mancha es una de las comunidades donde más y mejor se atienden a cuestiones sociales. La sanidad, por ejemplo, que recibe un alto grado de satisfacción por parte de la sociedad.

Por otro lado, el Gobierno regional se ha volcado en cumplir con la Ley de Dependencia, una norma ambiciosa, atrevida, social, integradora, pero que requería de un esfuerzo presupuestario mayor para arcas que tampoco estaban para alegres dispendios. Castilla-La Mancha ha querido cumplir desde el primer día y para ello tan sólo en 2010, se han invertido más de 200 millones de euros para cumplir con los requisitos planteados por la misma. De aquellos polvos vienen ahora estos lodos. Se critica a la región por su elevado índice de endeudamiento que, aunque asumible, ha sido criticado desde diversos frentes, incluso desde el “fraternal” Gobierno de la Nación.

Ese esfuerzo extra, y otros de similares características en educación o sanidad, hace que Castilla-La Mancha esté por encima de los niveles adecuados de endeudamiento. Y ese esfuerzo extra tiene que ser reconocido por un Gobierno central que no “suelta cuartos” para cumplir con su parte de responsabilidad en el desarrollo de la Ley de Dependencia, una propuesta fomentada desde el propio Ejecutivo de Zapatero y que ahora corre el peligro de quedarse en papel mojado por la falta de financiación.

Castilla-La Mancha no va a dejar tirados a los miles de personas que se están beneficiando de esta ley. La imprevisión del Gobierno central no es excusa para continuar con una ley que si bien nació con todos los parabienes de la sociedad, no puede permitirse el lujo de quedarse sin fondos. Y es que, tenemos que tener clara una cosa... entre la bolsa y la vida, siempre hay que defender la vida.

Foto: Laura Arroyo.

LA BOLSA Y LA VIDA

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e bolsas llenas y de poca vida... Si hay dinero, se sobrevive, si no, se malvive. En plan telegráfico, ese puede ser el resumen de esta visita de todos los martes al Reino de Taifa. Y como taifas, parece que tienen que subsistir los ayuntamientos en nuestro país, auténticos olvidados de esos pactos de la Transición que dieron lugar a un estado autonómico, que está muy bien, que vertebró el país de forma eficiente, pero... ¿qué ha pasado con los ayuntamientos? ¿Quién se acuerda de ellos? ¿Cómo llegan a final de mes?

La administración municipal agoniza. Años de olvido y dejación por parte del Estado han hecho que los consistorios queden en una situación un tanto delicada en lo tocante al tema económico. Se mienta la bicha (financiación local), pero poco se hace para poner remedio a una situación que en algunos casos, es límite.

En nuestros dominios, la cosa no pinta tan mal. Albacete es, según las estadísticas, uno de los ayuntamientos donde se observa un gran rigor presupuestario, habida cuenta de que hablamos de una ciudad donde, siendo importante el impacto del boom inmobiliario vivido en los últimos años a raíz de la aprobación de una Ley de Suelo que ha ayudado a crear esa perniciosa burbuja de riqueza y progreso, no se ha abandonado a la suerte del ladrillo y ha podido obtener recursos de otras fuentes. El Ayuntamiento de Albacete también demuestra que con una carga impositiva óptima en relación a la media nacional, se puede “ir tirando”, aunque esa contención en el gasto público sea marca de la casa. Está claro que la cosa no está para tirar cohetes. En esta tesitura, quién tiene que mojarse es el Gobierno. Después de que hace año y medio el ministro de la cosa territorial, Manuel Chaves, dijese que quería abrir un debate para crear una ley de financiación local que empezara a atajar los problemas económicos de los ayuntamientos, no hay indicios de que se pongan las bases de la misma. Cero en conducta para el ex presidente de la Junta andaluza que hace caso omiso a las rogativas de la Federación Española de Municipios y Provincias.

El caso es que las arcas de los ayuntamientos están peladas, y ahogar a los ciudadanos con más impuestos y más tasas, no es la solución. Se paga lo que se tiene que pagar porque es nuestra obligación como ciudadanos, pero en tiempos de crisis es mala idea acudir a una subida desmesurada en la recaudación porque si no estaríamos volcando todo el peso de la crisis en los más damnificados por la misma.

El quid de la cuestión es: ¿qué planes tiene el Gobierno para acometer una reforma en las haciendas locales? De momento, al ministro Chaves ni está, ni se le espera.

HERMANITA POBRE

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arece que va a pasar la legislatura y nos vamos a quedar con la misma asignatura pendiente de siempre. Desde que vivimos en el actual sistema administrativo parido de nuestra aún joven democracia, los ayuntamientos siguen aparcados en un rinconcito, como si estuvieran castigados en el rincón de pensar. Y en ese rincón hacen cábalas sobre cómo solventar los graves problemas monetarios que arrastran desde hacen años.

Las palabras claves con las que usted se debe quedar son financiación municipal. El alfa y el omega de los quebrantos causados por la financiación municipal ha sido el boom inmobiliario, el ladrillazo, las pequeñas y/o grandes corruptelas que en algunos casos han sazonado la actuación de ciertos munícipes (casi siempre en municipios del litoral). Durante muchos años, las haciendas locales lo fiaron todo al gran maná del ladrillo. Lo que entraba en la caja procedía de este sector que se convirtió en estratégico sin contar con que un simple pinchazo en la burbuja iba a provocar un cataclismo de consecuencias imprevisibles y por el que aún estamos temblando.

La ruina se asomaba a las cuentas municipales, y en estas estamos cuando el Gobierno anuncia que la financiación estatal a los consistorios va a ser este año similar a la aportada en 2006. No hay dinero señores. Si los ayuntamientos están “flacos”, no digamos la Hacienda estatal que busca debajo de las piedras balones de oxígeno que acompañen el trecho de la salida de la crisis.

Los ayuntamientos españoles soportan una deuda total que ronda los 30.000 millones (casi un cuarto, lo adeuda el de Madrid, sumido en una crisis sin precedente y del que ni siquiera el estoico Gallardón sabe cómo salir de ella), y para ello se han puesto en pie de guerra reclamando al Ministerio de Hacienda que abra nuevas vías de entrada de cash. Lo paradójico es que esas vías quieren hacerse a través de mayor endeudamiento, algo que el Gobierno no quiere consentir de ninguna de las maneras. Lo cierto es que parece contraproducente. Las líneas de préstamos organizadas por el ICO tampoco se han abierto y podrían ser una solución a corto-medio plazo para aliviar las tensiones financieras de las administraciones locales, aunque se corre el peligro de acudir a lo fácil (léase, volver a confiar en el ladrillo como modo de hacer que entre fácilmente el dinero en la caja). En estos días también nos hemos enterado que Hacienda les ha recordado a los consistorios que deben devolver los anticipos que el Gobierno autorizó y que son otro dolor de cabeza para muchos ayuntamientos que están con el agua al cuello.

Con este panorama, al Gobierno se le pasa el arroz de la financiación municipal. Hace más de un año, la FEMP urgió al ministro Chaves a que empezara a pensar en un plan para socorrer a los consistorios. Ahora sí, ahora parece que no. El tema es lo suficientemente grave como para dejarlo arriconado en un cajón del ministerio. La hermanita pobre de la democracia corre el peligro de quedarse con lo puesto. Y la verdad es que ahora mismo sólo le quedan unos pocos andrajos con los que vestirse.