AMBIGUEDAD, MEDIOCRIDAD Y PANCARTISMO

C
uatro años de debates para tener ahora sobre la mesa un apaño a medio camino entre el parche y la evolución del estado autonómico. La sentencia del Estatut de Cataluña ha dejado satisfechos a unos cuantos y ha soliviantado a la mayor parte de la clase política catalana que la ha tomado como un insulto a su autogobierno (puede ser que el enfado venga más por la larga espera y la mediocre sentencia, que por el fondo en sí del razonamiento del Tribunal Constitucional). Barcelona fue ayer escenario de una marcha de protesta en contra de lo que la izquierda catalana considera un ataque a ese autogobierno. Sin embargo, hay aquí puntos para la discusión.

Se ha tensado demasiado el escenario pre-estatutario. Las desmesuradas ansias soberanistas de partidos como ERC han mediatizado un panorama al que los otros socios del tripartito catalán se han visto abocados. Eso ha dejado una sensación de rupturismo en el resto del país, circunstancia que ha sido aprovechada por el Partido Popular, que con aviesas intenciones, interpuso recurso de inconstitucionalidad. El TC enmendó la plana a los populares desmantelando sólo tres elementos completos: la descentralización del aparato de Justicia, la competencia exclusiva del Síndic de Greuges frente al Defensor del Pueblo y el blindaje de las competencias autonómicas. Rechaza de forma parcial otros, como el uso preferente del catalán, simbología y bilateralidad, así como algunos aspectos menores del modelo de financiación. Los impugnantes han recibido un sonoro varapalo, pero el PP (el partido que en ocasiones ve fantasmas donde no los hay), se ve ganador de la contienda.

Por último, la sentencia de los magistrados del TC es farragosa, vaga, inconexa y deja peligrosos cabos sueltos que en el futuro pueden pasar factura. Ha sido un pronunciamiento que ha cerrado en falso la polémica. Con tono receloso, la sentencia bendice mayores cuotas de autogobierno (que en el fondo se trata de eso), pero no espanta los fantasmas de un melón soberanista que sigue abierto... con el peligro que eso conlleva.

ESTATUTOS, JUEGO POLÍTICO Y LA JUSTICIA EN MEDIO

E
n la semana en la que podemos saber (o no) si la ponencia del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha sale adelante (hoy mismo se debería votar), otro texto estatutario provoca los desvelos de muchos: el de Cataluña.

Dos documentos distintos y polémicas políticas semejantes en medio de todo. En el caso castellano-manchego todo parece ser cuestión de unas “gotas” de agua: las que algunos dicen que sobran por aquí ya que por allá no llueve, a pesar de los húmedos ejemplos que hemos tenido en el último invierno. La reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos parece ser el punto de discordia, aunque a estas alturas del partido no sabemos si es así o no, puesto que PP y PSOE dicen lo mismo: defensa de los intereses de los castellano-manchegos y agua para todos. En el Levante, lo mismo pero cambiando el origen de los destinatarios de ese agua, donde parece que además se quiere “para todo”.

Sin embargo, al ciudadano le debe extrañar por qué el Estatuto lleva un año encallado en el Congreso sin atisbos de solución. Si dos partidos están pensando lo mismo, ¿por qué no se aprueba la ponencia? ¿Quién pone las trabas? ¿Existen intereses ajenos a los de los castellano-manchegos que vetan un acuerdo? ¿Quién tiene que tirar del carro?

En el caso catalán, la justicia juega un papel fundamental. Los magistrados del Constitucional miran del derecho y del revés un texto al que le ven muchas pegas... unos, porque otros lo ven perfecto. Mientras tanto, socialistas (junto a nacionalistas catalanes) y populares, andan a la gresca por el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP. En el fondo del asunto se halla la politización de un órgano que la Constitución consagra como independiente y que en modo alguno lo es: los jueces del Constitucional son elegidos por preferencias ideológicas y no por su valía y su independencia.

Se cumplen los peores presagios. El interés de los dos grandes partidos por imponer sus posiciones debilita dos textos de desarrollo legislativo. Esperemos que la prosperidad de los ciudadanos no se vea también menoscabada.