EL ARTÍCULO 47

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s una preocupación que está en la calle. El sobredimensionamiento del mercado inmobiliario provocó un acceso rápido e inusitadamente fácil a unas hipotecas que en cuanto ha caído el castillo de naipes, se han vuelto, en la mayoría de casos, impagables. Jueces para la Democracia emitía un comunicado en el que abogaba por regular la dación en pago, de modo que la entrega de la vivienda permita saldar la deuda hipotecaria de los afectados, en la forma en que también se está haciendo en otros países. Pero eso parece ser dificilísimo de conseguir en este país, en el que el Gobierno de Zapatero no puso coto a los desmanes inmobiliarios a sabiendas de que se estaba hinchando una burbuja que ha terminado por mancharnos a todos.

El apoyo de esta asociación de jueces a la dación en pago coincidía con la celebración de marchas en 50 ciudades españolas entre las que se encontraba Albacete, convocadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para exigir el fin de los desahucios (esta misma semana hubo uno en Hellín) y la puesta en marcha de un alquiler social. En esa línea, JdP destaca su “preocupación” ante los “crecientes desalojos en procedimientos hipotecarios, que están dejando sin vivienda a decenas de miles de familias”. El reverso tenebroso de la crisis no se ha dado cuenta aún (y tiene bemoles la cosa) de que en su mayor parte los desalojados son deudores de buena fe, que han perdido sus ingresos en el contexto de una crisis de la que no son responsables, sin que desde las instituciones públicas se hayan adoptado medidas suficientes de protección.

El actual marco legislativo está limitando las posibilidades de defensa de unos ciudadanos que se encuentran indefensos ante esta situación y, además, da una inusitada ventaja procesal a las entidades bancarias, por lo que sería necesaria una regulación más detallada de la legislación para evitar esa situación de superioridad de bancos y cajas sobre ciudadanos que solo buscan disponer de lo que es de recibo: una vivienda digna. Vivienda digna. Que no lo decimos nosotros. Lo dice el artículo 47 de una cosa llamada Constitución.

Foto: El Pueblo.

PROMESAS Y REALIDADES

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ucho se está hablando en esta campaña electoral de la ascendencia de la política nacional sobre unos comicios que deben leerse en clave regional y municipal. Más en Castilla-La Mancha, si cabe, por el protagonismo de la número dos del PP, a la sazón candidata a la Presidencia de la Junta de Comunidades.

Sin embargo, el escenario principal preñado de temas de carácter nacional, no empaña que se hable también de asuntos que tocan la cotidaneidad de los ciudadanos. El paro, la crisis, la falta de oportunidades... centran muchos discursos que ya hemos analizado en días previos. Sin embargo, tímidamente se va haciendo hueco otro tema que parecía aletargado por el marasmo de la campaña: la vivienda.

Génesis española de la crisis, la vivienda, o mejor dicho, la burbuja inmobiliaria creada en la década anterior, estalló dejando al descubierto un gran stock de viviendas nuevas que no encuentran comprador por el actual contexto de crisis económica.

Los partidos saben que es un apunte fundamental en sus programas. La gente necesita un acceso a la vivienda no condicionado por hipotecas leoninas. Hace falta crédito para que las familias puedan disponer de viviendas en condiciones ventajosas, y poder liberar un stock demasiado elevado. Las constructoras podrían emprender nuevas promociones, aunque bien es cierto que, para que eso ocurra, hacen falta medidas imaginativas y valentía política para desahogar un sector que atenaza la economía nacional.

Hasta ahora, PSOE e IU han presentado sus medidas sobre vivienda. En resumidas cuentas, apuesta por el alquiler, bajada de precios y facilidades. Los otros partidos también traerán un pan (o un ladrillo) bajo el brazo. O no...

Foto: El Pueblo.

NO TODO VA A SER VENDER

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no de los retos de este 2011 va a ser la vivienda. En primer lugar, para intentar buscar esa ansiada regularización del mercado inmobiliario, una de los nudos gordianos de esta crisis que llevamos ya sufriendo hace casi tres años. La liberalización del stock de viviendas nuevas tiene que seer una prioridad. Para ello, hace falta que los precios sigan bajando. Las promotoras no tienen otra salida. O pierden algo de dinero dejando unos precios más reales para la venta, o no ingresarán porque los pisos se les quedarán en el “almacén”.

Por otro lado, existe otra vertiente importante: la reforma de inmuebles. Mediante el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Viviendas y Edificios puesto en marcha por la Junta de Comunidades, se están estudiando más de 2.000 expedientes en el conjunto de la región. Son ayudas que pueden solicitarse ya mismo y cuya vigencia concluye el 31 de diciembre de 2012. Junto al V Plan de Vivienda (que también concluye en ese año), son los dos pilares básicos que pretende incentivar tanto el sector de la construcción como el inmobiliario.

Centrándonos en la reforma de inmuebles, las bondades son variadas: se consigue una rehabilitación integral de edificios que por su antigüedad, resisten mal el paso del tiempo. Se embellece de esta forma el paisaje urbano, adecuando las ciudades a la realidad de este siglo. Por otro lado, se crean puestos de trabajo en la construcción, un sector especialmente damnificado por la crisis económica. Albañiles, fontaneros, pintores, escayolistas... nuevas oportunidades de ocupación para profesionales que quizás no tengan ocasión de trabajar en promociones nuevas.

En otra esfera, nos encontramos con ese Plan de Vivienda 2009-2012, que permitirá la mejora de cascos históricos, centros urbanos, áreas rurales y zonas degradadas por petición de los ayuntamientos.

Ambas iniciativas constituyen dos de los principales retos que tiene por delante, no sólo la clase política, sino el conjunto de la sociedad. ¿Estaremos preparados para afrontarlos?

Foto: El Pueblo.

LA BOLSA Y LA VIDA

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e bolsas llenas y de poca vida... Si hay dinero, se sobrevive, si no, se malvive. En plan telegráfico, ese puede ser el resumen de esta visita de todos los martes al Reino de Taifa. Y como taifas, parece que tienen que subsistir los ayuntamientos en nuestro país, auténticos olvidados de esos pactos de la Transición que dieron lugar a un estado autonómico, que está muy bien, que vertebró el país de forma eficiente, pero... ¿qué ha pasado con los ayuntamientos? ¿Quién se acuerda de ellos? ¿Cómo llegan a final de mes?

La administración municipal agoniza. Años de olvido y dejación por parte del Estado han hecho que los consistorios queden en una situación un tanto delicada en lo tocante al tema económico. Se mienta la bicha (financiación local), pero poco se hace para poner remedio a una situación que en algunos casos, es límite.

En nuestros dominios, la cosa no pinta tan mal. Albacete es, según las estadísticas, uno de los ayuntamientos donde se observa un gran rigor presupuestario, habida cuenta de que hablamos de una ciudad donde, siendo importante el impacto del boom inmobiliario vivido en los últimos años a raíz de la aprobación de una Ley de Suelo que ha ayudado a crear esa perniciosa burbuja de riqueza y progreso, no se ha abandonado a la suerte del ladrillo y ha podido obtener recursos de otras fuentes. El Ayuntamiento de Albacete también demuestra que con una carga impositiva óptima en relación a la media nacional, se puede “ir tirando”, aunque esa contención en el gasto público sea marca de la casa. Está claro que la cosa no está para tirar cohetes. En esta tesitura, quién tiene que mojarse es el Gobierno. Después de que hace año y medio el ministro de la cosa territorial, Manuel Chaves, dijese que quería abrir un debate para crear una ley de financiación local que empezara a atajar los problemas económicos de los ayuntamientos, no hay indicios de que se pongan las bases de la misma. Cero en conducta para el ex presidente de la Junta andaluza que hace caso omiso a las rogativas de la Federación Española de Municipios y Provincias.

El caso es que las arcas de los ayuntamientos están peladas, y ahogar a los ciudadanos con más impuestos y más tasas, no es la solución. Se paga lo que se tiene que pagar porque es nuestra obligación como ciudadanos, pero en tiempos de crisis es mala idea acudir a una subida desmesurada en la recaudación porque si no estaríamos volcando todo el peso de la crisis en los más damnificados por la misma.

El quid de la cuestión es: ¿qué planes tiene el Gobierno para acometer una reforma en las haciendas locales? De momento, al ministro Chaves ni está, ni se le espera.

HERMANITA POBRE

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arece que va a pasar la legislatura y nos vamos a quedar con la misma asignatura pendiente de siempre. Desde que vivimos en el actual sistema administrativo parido de nuestra aún joven democracia, los ayuntamientos siguen aparcados en un rinconcito, como si estuvieran castigados en el rincón de pensar. Y en ese rincón hacen cábalas sobre cómo solventar los graves problemas monetarios que arrastran desde hacen años.

Las palabras claves con las que usted se debe quedar son financiación municipal. El alfa y el omega de los quebrantos causados por la financiación municipal ha sido el boom inmobiliario, el ladrillazo, las pequeñas y/o grandes corruptelas que en algunos casos han sazonado la actuación de ciertos munícipes (casi siempre en municipios del litoral). Durante muchos años, las haciendas locales lo fiaron todo al gran maná del ladrillo. Lo que entraba en la caja procedía de este sector que se convirtió en estratégico sin contar con que un simple pinchazo en la burbuja iba a provocar un cataclismo de consecuencias imprevisibles y por el que aún estamos temblando.

La ruina se asomaba a las cuentas municipales, y en estas estamos cuando el Gobierno anuncia que la financiación estatal a los consistorios va a ser este año similar a la aportada en 2006. No hay dinero señores. Si los ayuntamientos están “flacos”, no digamos la Hacienda estatal que busca debajo de las piedras balones de oxígeno que acompañen el trecho de la salida de la crisis.

Los ayuntamientos españoles soportan una deuda total que ronda los 30.000 millones (casi un cuarto, lo adeuda el de Madrid, sumido en una crisis sin precedente y del que ni siquiera el estoico Gallardón sabe cómo salir de ella), y para ello se han puesto en pie de guerra reclamando al Ministerio de Hacienda que abra nuevas vías de entrada de cash. Lo paradójico es que esas vías quieren hacerse a través de mayor endeudamiento, algo que el Gobierno no quiere consentir de ninguna de las maneras. Lo cierto es que parece contraproducente. Las líneas de préstamos organizadas por el ICO tampoco se han abierto y podrían ser una solución a corto-medio plazo para aliviar las tensiones financieras de las administraciones locales, aunque se corre el peligro de acudir a lo fácil (léase, volver a confiar en el ladrillo como modo de hacer que entre fácilmente el dinero en la caja). En estos días también nos hemos enterado que Hacienda les ha recordado a los consistorios que deben devolver los anticipos que el Gobierno autorizó y que son otro dolor de cabeza para muchos ayuntamientos que están con el agua al cuello.

Con este panorama, al Gobierno se le pasa el arroz de la financiación municipal. Hace más de un año, la FEMP urgió al ministro Chaves a que empezara a pensar en un plan para socorrer a los consistorios. Ahora sí, ahora parece que no. El tema es lo suficientemente grave como para dejarlo arriconado en un cajón del ministerio. La hermanita pobre de la democracia corre el peligro de quedarse con lo puesto. Y la verdad es que ahora mismo sólo le quedan unos pocos andrajos con los que vestirse.

MENOS... PERO QUE AUN ES MÁS

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tro brote verde. Aparecen... tarde, pero aparecen. En este caso es el de las empresas que entran en concurso de acreedores. Acompañado del tímido inicio de la recuperación económica, con dos trimestres consecutivos en positivo (aunque con leves alzas, todo hay que decirlo), el número de empresas que entran en concurso de acreedores baja de nuevo. Un síntoma de que la tendencia autodestructiva de la economía española va cambiando, aunque el susto se va pasando poco a poco.

Ha sido un buen indicador el de las empresas en concurso, ya sea voluntario o forzado por sus deudores, ya que ha aumentando proporcionalmente en paralelo a la recesión durante los dos últimos años tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y la llegada de la crisis financiera internacional.

Ambos factores hicieron que se encadenara una sucesión de “desgracias” que han afectado a la economía española como si de las siete plagas bíblicas se tratase. Primero, ambas coyunturas han provocado el cierre del grifo del crédito y secó el circulante, lo que impidió a muchas sociedades mantenerse a flote ante la conjunción de falta de liquidez y la consiguiente caída de la actividad.

Ante este panorama de desplome en la creación de sociedades, morosidad y con el paro creciendo a un ritmo de cifras de seis dígitos trimestralmente, las quiebras en el tejido empresarial español (siempre tan volátil) marcaron máximos históricos sobre las 1.760 en el segundo trimestre de 2009, cuando la crisis trataba de cerrar la fase más aguda de deterioro.

Lo que no cambia son las características de las empresas que se declaran en concurso de acreedores: sociedades de responsabilidad limitada con una facturación inferior a los dos millones de euros al año y mayoritariamente de la construcción, que agrupa a una de cada tres del total de las supensiones de pagos.

Todo un toque de atención, una advertencia de la que se tienen que extraer enseñanzas para que no nos veamos en las mismas cuando demos la vuelta a la esquina.

LA RULETA RUSA

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n algo seguro que hemos mejorado. El año pasado por estas fechas el paro subía a pesar de que el verano suele ser propicio para la bajada de estas estadísticas. El pasado mes de julio nos trajo nuevas bajadas (como no se veían desde 2004), aunque tampoco estamos como para lanzar las campanas al vuelo.

En este caso todos tienen razón. El Gobierno al felicitarse por el descenso del desempleo gracias a la acción conjunta de la temporalidad laboral inherente a los meses estivales y los efectos del Plan E. Afortunadamente, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha aprendido lo que es la cautela y habla de forma realista al prever un aumento de los no ocupados a partir de septiembre u octubre.

La oposición también es certera en su diagnóstico. La temporalidad no es un salvavidas. Es más, debiera ser algo a eliminar por cuanto lo que interesa para reducir las cifras del paro es crear empleo estable y no coartado por limitaciones temporales. Los sindicatos se suman a este deseo.

Pero el poder ilusionante y tranquilizador que tiene una gráfica descendente entre la población, que al fin y al cabo es la que más sufre la recesión, es algo a tener en cuenta. La gente ya no transita los caminos del pesimismo más exacerbado. Busca clavos (en forma de cifras positivas o gráficas descendentes), a los que agarrarse para creer que estamos saliendo de la crisis, aunque este escenario esté aún bastante alejado, siempre según lo que expresan nuestros representantes políticos y dicta el sentido común. Lo curioso es que, hablándose tanto de cambios en el modelo productivo, cuando en verano desciende el desempleo siempre es en los mismos sectores: servicios y construcción. Para la utopía queda tiempo para soñar y espacio para poder llevarla a cabo, aunque creamos que la empresa es complicada. Si seguimos siendo un país de sirvientes y ladrillo, la próxima vez que juguemos a la ruleta rusa con las cifras del paro, podríamos salir escaldados.

UN AGOBIO MENOS

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amos a dejar la demagogia en fuera de juego y apostar por el jogo bonito a la hora de dejar claras unas cuantas cosas cuando tenemos que hablar de impuestos. Seguro que les sonará la cantinela neoliberal de ciertos partidos que dicen en tiempos de crisis como los que corremos, que hay que bajar impuestos urgentemente. Es una propuesta respetable, pero para nada acertada, y es que una cosa es hacer que la ciudadanía pague menos tributos y otra muy distinta es que una ciudad (pongamos por caso, Albacete), tenga una presión fiscal menor en comparación con otras ciudades del entorno.

Bajar los impuestos porque sí revela una absoluta demagogia por parte del político que lo diga (y lo ponga en práctica), ya que eso sólo va a servir para que el Estado del Bienestar se resienta. La ecuación es fácil: menos dinero en la caja, menos dinero para invertirlo en lo que el ciudadano necesita. ¿Lo ven claro, no?

Otra cosa es lo de la carga fiscal de cada uno. Según el Ránking Tributario de los Municipios Españoles, Albacete es una de las ciudades del país que se encuentra en las posiciones medias en cuanto a este capítulo. Circunstancia similar experimenta si comparamos las cifras tributarias albaceteñas con las del resto de capitales castellano-manchegas.

Un análisis pormenorizado desvela que el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras es el “rey” de los tributos a pesar de la crisis del sector de la construcción. Aún así, la hacienda municipal sigue haciendo caja gracias a este concepto, aunque las maltrechas arcas de los Ayuntamientos españoles, no hacen ascos a sacar dineros de la matriculación de vehículos o de los recibos del IBI, impuesto en el que la ponencia de valores la pone el ministerio de Hacienda, pero es el Consistorio el que recauda, todo ello con una única finalidad: dotar de servicios a la ciudad, algo que con bajada de impuestos no se puede hacer.

LOS HAN DEJADO MUY SUELTOS

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ecíamos hace unos meses en EL PUEBLO de Albacete...

Reconocen parte de culpa... pero la mayor responsabilidad es del Gobierno por haberlos dejado “muy sueltos”. No, no son fieras peligrosas en libertad (!) escapadas de algún zoo. Son... ¡los constructores! La cita no es nuestra. Es del presidente de la patronal que engloba a constructores y promotores de la provincia, que analizaba la crisis económica del sector. Se les agradece ese esfuerzo en sincerarse, pero creemos que se han quedado cortos. Quizás, a Bienvenido Rosa se le escaparon unas declaraciones que no tendría que haber dicho. Por ejemplo, cuando “aclara” que los promotores no se han lucrado con los buenos años del ladrillo, sino que los que se han enriquecido son unos particulares y los ayuntamientos. De especulación poco habló cuando es vox populi que en ciertos sectores de la ciudad algunos promotores han aumentado de forma artificial los precios de venta. Sin embargo, la especulación, principal problema del sector, reconocido por los mayores expertos en la materia, no es asunto de interés para los constructores albaceteños.

Tiene también miga el que la patronal de este sector considere “desorbitado” que se paguen más de 25 millones de las antiguas pesetas por un piso del extrarradio. Que sepamos, no son los compradores los que ponen estos precios. Tendrán que hacer serios ejercicios de conciencia unos promotores que en sus comparecencias públicas ponen carita de corderos degollados por las “severas” pérdidas que han tenido en el último año. Quizás piensen que el que en la ciudad haya 3.000 viviendas sin vender sea culpa de los albaceteños que son muy pérfidos y no quieren comprar para arruinar al sector de la construcción. Y es que parece ser que los márgenes de beneficios de antes de la crisis (¿del 100, del 200 por ciento?), tienen que ser los mismos ahora que la cosa no está tan boyante.

Al final, va a resultar que los que estamos sueltos son los que sufrimos euríbores desbocados y constructores pasados de listos.

TERRORISMO ESTÉTICO

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n polígono industrial de las afueras... las vías del tren... una estación típicamente sesentera (o setentera, no lo sé)... una avenida propia del crecimiento de la ciudad... edificios altos... más edificios altos... una fuente (con ranas)... otra avenida con edificios algo más bajos y algún que otro lugar de interés... Don Quijote y Sancho... esculturas de tias y tios gordos... y por fin, llegamos a El Altozano.

Aquí vemos las primeras muestras de lo que puede denominarse "casco histórico de Albacete", si exceptuamos que antes hemos pasado por el paseo de La Libertad y nos hemos topado con la Diputación y su reja tiroteada. En El Altozano, tenemos el Ayuntamiento viejo, el Gran Hotel, La Unión y El Fénix y... pare usted de contar. La calle Ancha no está mal, conserva algo de encantos de principios de siglo pasado. Si nos vamos en dirección al Ayuntamiento, tenemos la catedral, a la que yo, profano de lo de aquí pero entendido en otras cuestiones, sí que encuentro algún que otro aliciente a pesar de que más de un albaceteño ha renegado de ella. Y me pongo a buscar y más allá veo la Casa Perona, de la que algún día alguien muy cercano me dijo que allí vivía la Defensora del Pueblo (hoy el cargo ha cambiado de sexo).

Lo tiene chungo aquel historiador, aquel licenciado en Bellas Artes, aquel experto en este trocito de la cultura que se dedica al estudio del patrimonio arquitectónico, cuando llega a Albacete. Me cuentan que hace años era otra cosa. Leo y veo en libros imágenes pretéritas del esplendor de la ciudad en lo tocante a su casco histórico. Y no me lo creo, de verdad que no me lo creo. No concibo como una ciudad con lugares, rincones, balconadas, ventanales, vitrinas, lámparas, fuentes, espacios públicos, inmuebles singulares, etcétera, haya perdido todo ese esplendor y lo haya trocado por la más absoluta nadería, arquitectónicamente hablando claro.

Existió una grave enfermedad en la España del desarrollismo que luego se contagió a aquellos adeptos a la cultura del pelotazo basado en la teoría del ladrillo y en la práctica de llevarse el dinero a espuertas. Ese grave desorden significó el fin de un estilo urbano, el deceso de una forma de construir ciudades y de mantener patrimonios que no daba dinero, pero sí prestigio, no daba riqueza, pero sí status de ciudad bien considerada y bien mirada. Ese terrorismo estético que cambió edificios suntuosos por zafiedades funcionales es el que acabó con una ciudad que a mi, como albaceteño de adopción, me hubiese encantado conocer. Pero es lo que hemos tenido en este país. Mucho malandrín con ganas de pasarse de listo que con la connivencia de algunos le ha dado a Albacete una de sus señas de identidad cuando uno de fuera pregunta como es la ciudad: es fea. Los culpables... búsquenlos en la historia.

¿QUÉ HAN HECHO PARA MERECER ESTO?

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lgo falla, todos parecen saber el qué, pero todos desconocen la manera de pararlo. Echamos mano de la fría estadística, esa en la que los muertos son una mera cifra que no nos aterra pero que nos debe alertar del drama que se vive en los andamios de nuestro país. Con casi medio millón de parados más en el sector de la construcción, el número de fallecidos en el tajo, es casi idéntico a la de hace doce meses. Es para pararse y pensar detenidamente qué está fallando.

Como si de una moda se tratase, se impuso lo de la seguridad laboral. Algo inaudito en países de nuestro entorno (por no irnos ya a los países escandinavos), lo de ponerse un arnés al cincho para evitar males mayores parecía más una molestia o una manía del Gobierno de turno, que una necesidad, que es lo que es en la práctica. Pero en esto también tendremos que ir por detrás por lo que se ve.

Las soluciones están ahí, al alcance de la mano. Mayor formación, mayor implicación de trabajadores, empresarios, sindicatos y administraciones para llevar a cabo una real erradicación de los accidentes laborales, o por lo menos para que disminuya la aterradora cifra de fallecidos en el trabajo.

Pero si hacemos caso a lo que dicen los sindicatos, hay algunos que se “escaquean” de su responsabilidad. Cada vez que hay alguna desgracia en una obra, las miradas se dirigen al empresario de turno por no proveer de mecanismos a sus empleados, pero hay que ir más lejos y no quedarse en una visión reduccionista del problema. No es cuestión de buscar culpables y en esto yerran los sindicatos. Algo de nuestra educación también tiene parte de responabilidad en el desaguisado, pero estamos a tiempo para evitar más disgustos y volviendo a lo formativo, apostemos por una concienciación real de los trabajadores. Por ellos empieza la tarea de poner coto a las muertes en el trabajo. Los periodistas agradeceríamos no tener que contar más fallecimientos.