UN SUFRAGIO VERDADERAMENTE UNIVERSAL

L
a lucha de la mujer por la equiparación de sus derechos con los del hombre ha sido producto de una lenta y difícil pugna, aún no concluida. Una de sus fechas clave fue la del 1 de octubre de 1931. Ese día, de verdad se pudo hablar de sufragio universal en el país, puesto que la mujer pudo acceder al voto en unas elecciones.

Cuando la mujer pudo salir de la esfera puramente doméstica y participar en los espacios públicos, comenzó a demandar y organizarse para la reclamación de sus derechos. Reino Unido, Canadá y Estados Unidos fueron los países precursores en el siglo XIX en la lucha por la consecución del sufragio femenino. España fue mucho más lenta que los países de su entorno en buscar ese logro, ya que tuvo una economía esencialmente agraria, donde la industrialización tardó en aparecer, iniciándose sólo de forma tímida en Cataluña y en el País Vasco. La clase burguesa liberal aún no está afianzada a fines del siglo XIX y principios del XX. Además, el absolutismo monárquico con sus ideas tradicionales y conservadoras, y el destacado rol de la Iglesia Católica, fueron factores determinantes para mantener a la mujer alejada de los temas políticos, actividad que se consideraba típica de hombres. Las féminas no se podían alejar de su papel de esposa y madre, porque se rompería con la estructura familiar, básica para el orden social de la época.

Las mujeres que trascendían el ámbito doméstico y se agrupaban, lo hacían con un fin de caridad cristiana, aunque lentamente comenzaron a preocuparse por su situación social, requiriendo ser tenidas en cuenta en los terrenos culturales y laborales. Ese fue el fin planteado por la Junta de Damas de la Unión Iberoamericana de Madrid, en los albores del siglo XX. El centro Iberoamericano de Cultura Popular Femenina, fue creado en 1906. Sin embargo, a pesar de estos fugaces intentos por darle un “sitio” a la mujer en la sociedad del momento, los puestos más importantes eran ocupados por hombres.

La política empezó a ver en las mujeres un nuevo “instrumento” para sus fines. El nacionalismo catalán encontró en ellas la posibilidad de apoyo para su causa, creando el Partido Conservador Catalán, en 1906, una sección femenina de la Lliga Regionalista: La Lliga Patriotica de Dames, para apoyar a los hombres, pero sin cumplir un papel electoral activo, sino de influencia sobre sus maridos. Si bien en esos años comienzan a surgir algunos proyectos de incluirlas en el electorado aunque de manera parcial (incluir a las mujeres solteras como electoras, pero no como candidatas), todos son rechazados.

Las feministas
Pero las cosas comenzaron a cambiar. Carmen de Burgos fue una de las pioneras en exponer a través de las páginas de El Heraldo de Madrid, dos encuestas cuyos temas eran respectivamente el voto femenino y el divorcio.

Los partidos empezaron a moverse y en reconocer en la mujer un posible agente político de futuro. El PSOE fundó en Madrid la Agrupación Femenina Socialista en 1912, y en 1913 fue por primera vez incluida una mujer en su Comité Nacional: Virginia González. Por su parte, el sector católico conservador creó sus propias organizaciones en defensa del statu quo. Así en 1912 liderado por María Doménech, se fundó la Federación Sindical de Obreras. María Echarri también creo en esos años el Sindicato de la Inmaculada.

Una revista hecha por mujeres en aquellos años fue El pensamiento femenino destinada a las mujeres, pero con un sentido basado en la religión cristiana, fomentando la participación en la órbita de la asistencia social. Con el mismo criterio surgió en 1917 La voz de la mujer, dirigida por Celsia Regis que un año más tarde, fomentó la creación de la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, liderada por María Espinoza de los Monteros, que en su discurrir logró que las mujeres pudieran acceder a la universidad y a la administración pública. Esta organización básicamente inclinada a la derecha, e integrada por mujeres de clase media, tenía su correlato de izquierda en la Unión de Mujeres de España que funcionaba en Madrid, con admisión más abierta a todo tipo de clases y creencias religiosas. Estos dos grupos se distanciarán de manera decidida a partir de 1920, los que les impedirá tomar intervención en la Alianza Internacional de Mujeres Sufragistas.

De nuevo de la mano de la Iglesia surgió en 1919 la Acción Católica de la Mujer en defensa de los derechos de la mujer dentro del ámbito de la familia, reivindicando su papel importante dentro de la órbita del hogar.

En plena crisis del sistema político de la Restauración borbónica, a fines de 1919, se presentó un proyecto de Burgos Mazo, diputado conservador, que nunca llegó a tratarse, sobre el voto femenino, que les permitía siendo mayores de 25 años, elegir pero no ser elegidas, votando un día diferente al asignado a los hombres.

Bajo la dictadura de Primo de Rivera, se dictó en 1924 el Estatuto Municipal que concedía la posibilidad de sufragar en las elecciones municipales a ciertas damas, que debían ser emancipadas, solteras, y mayores de 23 años. La mujer casada era excluida de esta posibilidad, pues según la concepción bastante arraigada en la época, podría originar rencillas domésticas, si los cónyuges optaran por votar a diferentes candidatos. Se basaba además en el concepto de voto familiar, considerando a la familia como unidad de criterio al momento de sufragar.

Kent, Campoamor...
En 1926, surgió en Madrid el Lyceum Club donde personajes de la talla de Victoria Kent, María de Maeztu y Zenobia Camprubí, entre otras, abogaron por reformas más trascendentes en la equiparación de derechos entre los sexos, como las reformas de los artículos del Código Civil, que establecieran privilegios por razones de masculinidad. Pero los logros concretos en favor de la mujer llegaron de la mano de la instauración de la Segunda República, en abril de 1931, que elaboró una constitución de corte liberal. Con respecto a los derechos políticos de las mujeres, las primeras en ejercer cargos de diputadas en junio del 31, al inicio de la República cuando se les permitió acceder a los escaños pero no elegir, por un decreto del gobierno provisional de la República de mayo de 1931, fueron Clara Campoamor, por el Partido Radical y Victoria Kent, por Izquierda Republicana. A estas se agregó a fines de ese año, por el PSOE, Margarita Nelken, quien sostenía que solo la mujer educada y la obrera, debería poder sufragar, por su mayor conocimiento del mundo y de las circunstancias político-sociales, que aquellas confinadas al ámbito doméstico. Ellas fueron las que abrieron la senda para que el Congreso de los Diputados diera luz verde al verdadero (ahora sí) sufragio universal, el 1 de octubre de 1931.

La Constitución republicana, basada en la efectiva equiparación de derechos constituyó un antes y un después en los derechos de la mujer. Las causas que se reconocían en el texto no debían dar lugar a privilegios jurídico. Dentro de ellas figuraba el sexo gracias a la intervención de Clara Campoamor, que se opuso férreamente al planteamiento de Kent, que sostenía que acordarle derechos a la mujer era lógico, pero inoportuno, ya que sus votos irían para los partidos de derecha, por la gran influencia de la iglesia sobre la conciencia femenina.

El artículo 36 era el que le otorgaba la calidad de sufragante en iguales condiciones que al hombre (siempre siendo mayores de 23 años). Esta disposición se complementó con el artículo 40, donde se eliminaba la discriminación por sexo en los empleos y cargos públicos. Por el artículo 46 se protegía a la mujer en su desempeño laboral, sobre todo con respecto a la maternidad. Por el artículo 53, podían acceder a ser diputadas siendo mayores de 23 años. Aún se avanzó sobre otras reivindicaciones, como la igualdad de sexos dentro del matrimonio, aceptándose el divorcio cuya ley fue aprobada en 1932, con notable oposición de la iglesia y de los conservadores.

Tal como temían los partidos de izquierda, en las elecciones de 1933, las primeras en la que participaron los grupos femeninos, ganó la derecha. A ellas se les culpó de la derrota de la izquierda, aunque parece más plausible que la causa fue la unión de los partidos de derecha en la CEDA. Este gobierno conservador, sin embargo, no recluyó a la mujer de su participación ciudadana, ya que seis mujeres ocuparon bancas de diputadas.

En 1936, el triunfo fue para la izquierda unificada en el Frente Popular, lo que demostró que tal vez en la unión estaba la posibilidad del triunfo. Pero sin importar demasiado en este caso quien ganaba, las vencedoras reales eran las mujeres que comenzaban tímidamente a asomarse a la vida política, aunque no duró mucho tiempo. La Guerra Civil y la dictadura de Franco hicieron que los logros femeninos conseguidos (y los masculinos también), retornaran a una penosa casilla de salida. La participación política popular se limitó en estos años a plebiscitos para asegurar a Franco su poder absoluto.

Cuando en junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones tras la dictadura, la mujer pudo participar libremente. Ahora la lucha continúa por otros derroteros.